Los amarres de la Constitución o la culpa del empedrado
Julián Alcayaga O.
Economista y abogado
Al recuperar “la democracia”, en 1990, los nuevos gobernantes, argumentaron que parte de los cambios prometidos antes de la elección presidencial de 1989, no se podían hacer, porque lo impedían los amarres que había dejado la Constitución de Pinochet, la que no se podía modificar sin el acuerdo de la derecha “pinochetista”, porque requería del voto favorable de los 3/5 de los miembros del Congreso Nacional. En consecuencia, por culpa del empedrado no se podían hacer los cambios económico-sociales que se habían prometido. Culpar a la Constitución era pretexto que servía tanto a la derecha que no deseaba grandes cambios, como a la Concertación gobernante, que no quería hacerlos. Si bien es cierto que las leyes institucionales o de carácter político, como la ley orgánica de la Fuerzas Armadas, Tribunal Constitucional y Tribunales de Justicia, no se pueden modificar sino se cuenta con el voto de los 4/7 de diputados y senadores en ejercicio, ello no es cierto con todas las que tienen que ver cambios económicos, tributarios, laborales, sociales y medioambientales, porque ellas no requieren de un quórum especial y se aprueban por mayoría simple. Los cambios socioeconómicos que Chile necesitaba al terminar la dictadura, no se hicieron por culpa de los amarres de la Constitución, sino por falta de voluntad política de los gobernantes que hemos tenido desde 1990. Siempre ha existido voluntad política, pero no de nuestros gobernantes, sino de los grandes grupos financieros internacionales y nacionales, que le han impuesto sus políticas a los gobiernos de la Concertación, y con mayor razón, al actual gobierno de la derecha, lo que queda en evidencia en una serie de medidas que se tomaron a partir de 1990, sin que la Constitución tuviera nada que ver. Al terminar Pinochet el 90% de la producción del cobre estaba en manos del Estado, hoy solo menos de un tercio lo produce Codelco, la empresa nacionalizada por el Presidente Allende en 1971. Este descalabro lo hizo la Concertación sin que la Constitución haya tenido algo que ver. Por el contrario, Pinochet dejó vigente en la Constitución de 1980 en la Disposición Tercera Transitoria, la Nacionalización de la Gran Minería del Presidente Allende (Disposición 17° Transitoria de la Constitución de 1925). Las mineras extranjeras, hasta el 2003, no tributaron en Chile, y se llevaron cerca de 30 millones de toneladas de cobre, además del oro, la plata, el molibdeno, el renio, el cobalto, etc. Actualmente más de la mitad de estas empresas siguen sin pagar impuestos. Es más, el litio que Pinochet reservó al Estado, la Presidenta Bachelet (disque socialista), en los años 2016 y 2018, le entregó la explotación del litio a empresas extranjeras. Al terminar Pinochet, un tercio de la generación eléctrica estaba en manos del Estado, Edelnor, Termoeléctrica Tocopilla, Termoeléctrica Cachapoal, Colbún y Edelaysen, fueron privatizadas por la Concertación. Esto no lo impuso la Constitución, pero si lo exigieron y lo impusieron las transnacionales, así como la privatización todas las empresas sanitarias y de los puertos que pertenecían y administraba el Estado.
La Concertación realizó estas privatizaciones con el apoyo de la derecha, y nada tiene que ver en ello los amarres de la Constitución, sino que se impusieron por “voluntad política” de las transnacionales.
En 1990 las AFP eran casi todas chilenas y Pinochet solo permitía invertir el 10% de los fondos de pensiones en el extranjero, y gracias a ello la rentabilidad de esos fondos era muy superior a los de la actualidad. Mediante diversas leyes, la Concertación con el apoyo entusiasta de la derecha, autorizó a aumentar el porcentaje invertido en el extranjero hasta alcanzar el 80% de los fondos y su rentabilidad disminuyó a menos de la mitad del tiempo de la dictadura.
El 2008, la Presidenta Bachelet, eximió del IVA a las AFP y les aumentó la comisión, es decir les mejoró el negocio. Un pensionado debe pagar 19% de IVA al comprar pan, las AFP también pagan IVA por todo lo que compran, pero el Estado les devuelve el IVA. Puede parecer increíble que a las AFP se les devuelva el IVA, pero esa ley, la 20.255 de 2008, así lo establece. ¿Es culpa de la Constitución? No, son las transnacionales financieras que impusieron su voluntad.
Las transnacionales hicieron muchos intentos por privatizar Codelco y Enap, pero la Concertación no se atrevió a hacerlo porque se requería los 3/5 del Congreso para modificar la Constitución. Además, estas privatizaciones habrían sido vergonzosas puesto que Pinochet dejó vigente la Nacionalización en la Constitución, es decir Codelco, y prohibió la concesión de los hidrocarburos, que solo el Estado a través de Enap puede explotar. Entonces fue precisamente la Constitución la que nos salvó que la Concertación privatizara Codelco y Enap.
Podríamos seguir nombrando una serie de otras medidas tomadas desde 1990, con la recuperación de la democracia, pero si pudiéramos resumirlas se trata de lo siguiente: Las transnacionales y los organismos internacionales que están bajo su mando como el FMI, Banco Mundial, OCDE, han impuesto su voluntad política a nuestros gobernantes. Se hace lo que ellos ordenan o permiten, pero no es la Constitución que lo ha impuesto. No son los amarres de la Constitución los que impiden los cambios que el país necesita, ni siquiera son los amarres ideológicos o el famoso modelo, se trata simplemente de amarres dinerarios, corruptivos.