Gobierno argentino decide intervenir gigante agrícola de Santa Fe
La audaz medida tomada por el gobierno de Aníbal Fernández permitirá al Estado argentino tener gran influencia en el mercado cerealero y cambiario.
Buscando evitar que la crisis del grupo de empresas Vicentin, se transforme en un daño para sus trabajadores así como para otros tantos miles de productores pequeños, el gobierno de Aníbal Fernández decidió intervenirlo en una medida que califica de “rescate”. La compañía, una de las más importantes en la producción de cereales como de biocombustibles, se encontraba al borde de la quiebra producto del alto en.deudamiento, el que alcanzaba la suma aproximada de mil millones de dólares.
El proyecto de expropiación fue enviado ayer al Congreso. El interventor será el economista Gabriel Delgado, ex funcionario del ministerio de Agricultura durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y la estatal YPF Agro, fue designada para administrar un fondo fiduciario en el que depositarán los activos de la empresa.
La medida ha generado fuerte rechazo por parte del macrismo, sector político favorecido por varias donaciones efectuadas por ejecutivos de Vicentin.
Argentina camina hacia la soberanía alimentaria
La tarde del pasado lunes, el presidente argentino convocó a una conferencia de prensa en la que informó la decisión de su gobierno de “rescatar” el grupo de empresa Vicentin, ante la difícil situación, con riesgo de quiebra, que mantiene. Agregó que envió al Congreso un proyecto de ley declarando su intervención por motivos de “utilidad pública” para permitir su continuidad y darle tranquilidad a sus trabajadores y a una cifra cercana a 3.000 productores locales “que tendrán a quien seguir vendiendo su producción”. Los activos del grupo quedarán dispuestos en un fondo fiduciario gestionado por la firma estatal YPF Agro.
El mandatario trasandino indicó que la intervención conseguirá la continuidad de la compañía y, además, “le permitirá al Estado tener una empresa testigo en el mercado de cereales para una planificación estratégica y a partir de allí poder referenciar al mercado alimentario”. Asimismo, el cargo de interventor será ejercido por el economista Gabriel Delgado, ex subsecretario del ministerio de Agricultura durante la gestión de Cristina Kirchner.
El desplome del grupo Vicentin
El grupo de empresas surgió en Avellaneda, en la provincia de Santa Fe, en 1929, como un pequeño comercio de acopio hasta constituirse en una importante compañía de la industria soyera y del biocombustible. Produce 29.500 toneladas de alimentos anuales cuyo 85% se exporta. Al ser una agroexportadora de gran significancia, principalmente de cereales y derivados como harina y aceites, Vicentin también mantiene fuerte ascendencia en el mercado de divisas, inclusive, determinando la política cambiaria al tener una decisiva influencia en la oferta de dólares. Según el diario Página12, a pesar de su gran expansión durante el gobierno macrista, la empresa comenzó una extraña fase decadente lo que significó que en octubre de 2019 dejara de pagar los vencimientos de créditos al Banco Nación y a distintos acreedores. En diciembre se declaró en cesación de pagos y en apertura preventiva de acreedores. Pero la deuda alcanzó la cifra de mil millones de dólares, ubicándola en riesgo de quiebra o que fuese adquirida por grupos financieros internacionales.
El gobierno argentino aclara que intervenir Vicentin es un rescate más que expropiación. La quiebra de la empresa del alimento habría sido un desastre para los trabajadores y otros miles de pequeños productores.
La expropiación de Vicentin trajo de inmediato una serie de ataques contra el presidente Aníbal Fernández por parte de sectores neoliberales argentinos. No es un misterio que Alberto Padoan, quien fuera el máximo ejecutivo de Vicentin responsable de la quiebra, era un conocido amigo personal del ex presidente Mauricio Macri. Desde hace un tiempo, diversos medios venían alertando sobre generosos préstamos que el principal banco público argentino el Banco Nación, BNA, efectuaba al grupo aun cuando ya estaba en cesación de pagos. En la actualidad, el entonces gerente general del banco, Javier Gnzález Fraga, está imputado junto con Alberto Padoan y Gustavo Nardelli por perjuicio al Estado ante un posible otorgamiento irregular de préstamos a Vicentin.
El nuevo presidente del BNA, Claudio Lozano, indicó que el endeudamiento superó los límites a los que podría acceder en función de la normativa de regulación para las grandes empresas, situación que generó un sumario administrativo. Además, con la quiebra, el grupo de empresas estaba en la mira de varios fondos de inversiones transnacionales como la francesa Dreyfuss, la suiza Glencore y la estadounidense Cargill. En tal perspectiva, la intervención del gobierno era una iniciativa clave para la soberanía alimentaria del país.
