José Salvador Cárcamo
Economista e investigador de la UBA/UNM/UCES. Buenos Aires
Santiago, donde viven siete de los 18 millones de habitantes de Chile, es el foco de la pandemia, con más del 80% de los contagios y servicios sanitarios que se encuentran al borde del colapso. El ministro de Salud chileno, Jaime Mañalich, informó este domingo 7 de junio nuevas cifras sobre el avance del coronavirus en el país, con lo que el total de infectados llega a 134.150 personas, además reconoció, por recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que se actualizo el número de fallecidos que ascendió a 2.290 (1). Hasta antes de esa fecha el gobierno subestimaba el número de decesos no utilizando para su medición, los estándares internacionales. Esta negligencia se suma a la del 13 de abril, cuando el ministro consideraba como recuperados a los fallecidos “porque ya no pueden contagiar”. Las cifras mencionadas contrastan con Argentina que tiene 22.781 infectados y 664 lamentables decesos al 7 de junio.
Chile, con una población que es un 40% de la población Argentina tiene más del triple de fallecidos y un mayor número de infectados. Lo anterior se explica por la equivocada política sanitaria para enfrentar el virus, que implementó el presidente Piñera, que al igual que sus pares de Brasil y Estados Unidos, minimizó el problema como un simple resfrío. Estos mandatarios aplicaron tardías medidas las que se ven reflejadas en la pérdida de vidas y en una escala de valores donde los negocios y el dinero están sobre la vida.
Esta política sanitaria errónea, desde un punto de vista técnico y moral, pone al descubierto lo que la plutocracia chilena escondía debajo de la alfombra: la desigualdad y exclusión del modelo neoliberal (vigente en el país trasandino desde el 11 de septiembre de 1973), que en esta pandemia pone en evidencia las condiciones deplorables del sistema público y privado de salud.
La revuelta
La revolución de octubre de 2019, iniciada por niños menores de 18 años, estudiantes secundarios, con la consigna “evadir, no pagar, otra forma de luchar”, por el aumento del costo del sistema público de transportes de Santiago el domingo 6 de octubre, dejó al desnudo la inequidad y vulnerabilidad del modelo chileno. La desobediencia civil y evasión masiva creció a lo largo de los días, situación que se agravó el 18 de octubre, con la provocación por parte de un gobierno que NO escucha y decretó el estado de emergencia con toque de queda.
Dicen los niños que inician la protesta, a la que se suman sus padres y abuelos “No son 30 pesos, son 30 años de abusos”. Esta consigna muestra la profunda decepción por la democracia “a medida de lo posible” que reemplazó a la dictadura en marzo de 1990. Los gobiernos de la posdictadura, con una Constitución heredada del gobierno militar, en vez de cambiarla, la perfeccionaron y profundizaron el modelo neoliberal. Por eso no es extraño que se escuche la voz fuerte en las calles de un pueblo que exige una Asamblea Constituyente que reemplace, con una nueva constitución a la de la dictadura aprobada fraudulentamente en septiembre de 1980. Este reclamo se canaliza por medio de la Mesa de Unidad Social, donde convergen la Central Unitaria de Trabajadores, Colegio de Profesores, Federaciones de Estudiantes universitarios y secundarios, pueblos originarios, etc. junto a las nuevas organizaciones, como por ejemplo, la Coordinadora 18 de octubre, surgidas al calor de la revolución de octubre chilena, motivo por el cual Piñera decretó el estado de emergencia e inicia la represión, acompañada de terrorismo de Estado.
El conflicto social quiso silenciarse con un saldo de decenas de muertos, desaparecidos, violaciones de hombres y mujeres por parte de fuerzas de seguridad, más de 11.300 personas detenidas, 2500 presos políticos a abril de 2020, según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH). Mención aparte es el caso de centenares de jóvenes con pérdida oculares (445), la mayor tragedia ocular de este siglo en el planeta y de las que no existen antecedentes por su magnitud en la historia de la humanidad, como una nueva forma de terror estatal.
En ese contexto de creciente revuelta social, el Gobierno junto con el Congreso, y la mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria, firman el 15 de noviembre un “Acuerdo por la paz y una nueva constitución” convocando a un plebiscito para el 26 abril de 2020 para definir “si se está de acuerdo o no” con cambiar la carta fundamental…..y en eso llego el covid19.
Privilegios y precariedad
El coronavirus está alcanzando su máxima intensidad en Chile y Latinoamérica, en la cuarta oleada después de Asia, Europa y Estados Unidos, lo que muestra que se tuvo el tiempo suficiente para prepararse. Mientras en Argentina se determina la cuarentena el 20 de marzo, en Chile recién el 15 de mayo el poder ejecutivo decidió decretar la cuarentena en Santiago. Antes de esa fecha quedó en manos de los gobiernos locales de comunas y municipios la decisión de poner restricciones a la circulación de personas frente a la inacción de la autoridad central.
El académico de la Universidad de Chile, Ernesto Águila, señala que el país vive “una crisis masiva e inédita”, con una “abrupta paralización de la economía en el marco de una sociedad caracterizada por la precariedad de las condiciones de vida y del trabajo, donde casi la mitad de los asalariados trabaja sin contrato, a honorarios o con ‘contratos basura’, donde la pandemia ha dejado al descubierto las injusticias, abusos e irracionalidades de nuestro modelo de vida y económico”.
El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que a partir de junio cobraran 5 millones de hogares, el reparto de las cajas de alimentos, etc. medidas aplicadas para enfrentar los efectos de la pandemia, NO están resolviendo problemas de millones de personas al NO modificar la estructura tributaria, que reproduce la desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza construida durante décadas. Un estudio preparado por académicos de las Universidades de Chile y Católica establece que los recursos fiscales utilizados, no considerando las reasignaciones presupuestarias, es de apenas un 0,5% del PIB; con el agravante que las reasignaciones recortaron recursos para Obras Públicas y Vivienda afectando así a la inversión. De esta forma el gobierno se niega a financiar un mayor gasto social aplicando una mayor carga impositiva al 1% de los súper ricos del país, lo que implicaría mayor equidad y sustentabilidad en la estructura de ingresos del estado.
En la actualidad se tiene un centenar de ollas comunes o populares en decenas de ciudades. Acciones cooperativas como “compremos juntos” con armado de canastas de alimentos y de higiene, el cuidado colectivo de adultos mayores, enfermos y niños, se extienden en barrios y zonas populares. Como también las protestas de diverso tipo de un “Chile que despertó” en octubre para recuperar la dignidad. Son múltiples las comunas que registran movilizaciones de vecinos y colectivos comunitarios. Muchas de las cuales terminan en enfrentamiento con Carabineros.
Ernesto Águila advierte que: “hay muchas movilizaciones y protestas desde hace algunas semanas. Toda una realidad de descontento social que transcurre fuera de los medios de comunicación de masas. Creo que vamos hacia un escenario de una creciente protesta social dentro de la pandemia. Una protesta social incluso más desesperada que la del 18 de octubre”.
FMI: negocios en tiempos de pandemia
Piñera en su codicia sigue pensando en hacer negocios. Su gobierno, por medio del Banco Central, en la segunda quincena de mayo solicitó al FMI un préstamo de 23.930 millones de dólares en lo que se denomina Línea de Crédito Flexible (FCL). El documento firmado señala “tiene por objetivo ayudar a alcanzar los objetivos del Banco Central ante eventuales situaciones de shocks externos severos, como los que podrían acompañar a un agravamiento significativo de los efectos globales de la crisis originada por el covid-19″, y recalca «La facilidad no está destinada a financiar gasto público».
El carácter del préstamo otorgado al Banco Central es un seguro que el capital financiero internacional entrega al “nene regalón”. Un indicador de la dependencia y compromiso que el Estado chileno tiene con el sector “globalista”, hasta hace poco hegemónico en el escenario mundial. ¿Qué negocios tendrá Piñera y sus socios, en un país que, teniendo reservas de dólares por 38.000 millones, solicita un crédito de 24.000 millones de dólares? En una situación donde se mezquina el gasto social para enfrentar la pobreza, crece el desempleo y la desigualdad, y desciende el nivel de actividad económica.
La contracción de la economía a la que se hace referencia, está en línea con la evolución descendente de la economía internacional, pero tiene un importante componente en la demanda interna y en las políticas públicas de austeridad adoptadas para tratar de detener la expansión de la pandemia, las que tienen un efecto social negativo. Las medidas adoptadas por el poder Ejecutivo para compensar este impacto han sido marcadamente insuficientes. El manejo presupuestario efectuado se vio constreñido por privilegiar frenar al máximo el crecimiento del déficit fiscal.
Los “funcionarios” del FMI han sostenido que “los ancianos viven demasiado lo que es un riesgo para la economía global”. En el caso del sistema privado de jubilaciones chileno se equivocan esos funcionarios, dado que los jubilados son víctimas de la usura, al cobrar menos de la cuarta parte de sus ingresos de cuando eran parte de la población económicamente activa. En el caso de Piñera y sus socios que no quieren perder sus privilegios, NO SON prioridad el adulto mayor, los trabajadores, el pueblo chileno y mucho menos los jóvenes a los que les arrebatan sus ojos.
(1) El artículo fue escrito el 8 de junio. La cifra al 17 de junio del 2020, es de 220.628 contagiados y 3.615 personas fallecidas.