El acuerdo Covid es una pantalla para mantener el modelo neoliberal
Utilizando una supuesta ayuda a los hogares que están sufriendo por la pandemia, el gobierno logró un acuerdo con la DC y el laguismo para pactar una salida al bajo crecimiento profundizando el modelo.
Una vergonzosa transacción entre las fuerza neoliberales con presencia en el Congreso se efectuó la madrugada del domingo pasado, con el propósito de convenir una serie de puntos que buscan asegurar un supuesta reactivación de la economía profundizando el modelo, a través de una serie de dádivas a los empresarios, ubicándolos como el motor de la reactivación. El acuerdo se sustenta en el esquema que ha manejado la Confederación de la Producción y el Comercio, CPC, cuyo presidente, Juan Sutil, ha declarado extensamente que su cálculos indican que hasta septiembre se vivirá una situación de emergencia y luego debería empezar la normalización de las actividades productivas, léase, comenzar el ingreso de utilidades para los empresarios, mientras tanto, deben hibernar. Asimismo, los economistas de Derecha, habían declarado profusamente que todo aumento de endeudamiento fiscal o gastos de fondos soberanos debían ser transitorios. Coincidentemente, lo pactado el domingo decidió una disposición de 12 mil millones de dólares, pero la ayuda a los hogares vulnerables será solo por tres meses, momento en que se discutirá su extensión. No hay que ser un genio para observar que se ajusta a los plazos de los empresarios.
Por otro lado, el monto que se entregará como un ingreso de emergencia será de 100 mil pesos por personas, lo que en un hogar promedio de cuatro integrantes significa 400 mil pesos, un monto sumamente bajo para pasar la pandemia y de nuevo los cálculos son efectuados por personas que jamás han conocido la pobreza ni se han visto en un momento de escasez.
Empresarios serán beneficiados con la reactivación
Para nadie es un misterio que la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA, a través de su presidente, Bernardo Larraín, estaba pauteando a los partidos proclives al acuerdo, sobre algunos puntos necesarios de incluir. Uno de ellos era la transitoriedad del aumento del gasto, en segundo término, una disminución de lo que señala como trabas burocráticas medioambientales y, en tercer lugar, la “articulación público-privada” expresada en un mayor traspaso, vía concesiones, de fondos fiscales a los privados. Como se esperaba, las tres propuestas empresariales fueron acogidas en plenitud, de esta manera, es factible esperar que haya un aumento de las concesiones a privados bajo el subterfugio de que crearán empleo, inclusive, tal como lo plantea Larraín, puede ser acelerada en el área de la salud aprovechando que arrecia la pandemia del coronavirus. Asimismo, no se reparará en los daños medio ambientales para autorizar proyectos mineros claramente destructivos de los ecosistemas, aumentando el extractivismo en la economía.
El retraso en cambiar el modelo económico solo alargará la tragedia
La insistencia en aplicar pequeñas aspirinas a un enfermo que sufre un mal de alta complejidad, extenderá por años la crisis social que se vive desde hace ocho meses y, a la vez, significa que su resolución no se abordará con un criterio inclusivo, todo lo contrario, será manejado por el eje empresarios-economistas y parlamentarios afines al neoliberalismo, los que monopolizan el poder de decisión y, además, opone fuerte resistencia para efectuar un cambio en la orientación económica del país.
Si bien la pandemia ha demostrado de manera absoluta que es el Estado el único instrumento con suficiente solidez y garantía de beneficio colectivo, se insiste en ubicar a los empresarios como el eje del desarrollo del país y, además, se continuará con el traspaso de fondos fiscales a grupos económicos que se han visto beneficiados durante las últimas cuatro décadas. Además, el Acuerdo Covid compromete disposiciones y recursos para los próximos dos años, sin que haya posibilidad de variación alguna en la política económica, la gran grieta que tiene la sociedad chilena. Con el acuerdo quedó negada toda posibilidad de variar la política impositiva, por el contrario, si alguien levanta tal reivindicación será acusado de dañar el consenso alcanzado para la reactivación de la economía y la consecuente generación de empleos que disminuirá la pobreza. Con este logro, la Derecha y el empresariado se volcarán a extender el Acuerdo Covid a una segunda fase, buscando alcanzar la “paz social”, argumentando su necesidad urgente para que el país pueda progresar, en un guiño a todos aquellos que están planteando el aplazamiento definitivo del plebiscito de octubre, para que el Congreso sea el órgano constituyente.
La DC y el laguismo aceptaron el acuerdo pensando en llegar al próximo gobierno
Los presidentes de la Democracia Cristina, del PPD como del Partido Socialista, sabían muy bien lo que estaban ejecutando. Bajo el supuesto beneficio a los hogares pobres afectados por la crisis sanitaria y la hambruna, consolidaron un bloque que no solamente permitirá defender el modelo neoliberal frente a posibles tentaciones estatistas o “populistas” como garantizar la paz social que permita a Piñera salir airoso y terminar su mandato, sino que confían en lograr un implícito apoyo de la Derecha durante una eventual segunda vuelta en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias y durante su posible mandato. Suponen que el coronavirus debilitó la protesta social y que no habrá posibilidad de que resurja con la fuerza suficiente como para constituirse en alternativa de gobierno, ya que los partidos y organizaciones que se han manifestado críticas durante los últimos meses, no tiene proyecto y solo levantan reivindicaciones de corto alcance que no logran transformarse en una propuesta de gobierno, por lo que consideran que no tendrán otra posibilidad que apoyarlos.
La estrategia de la DC y el laguismo está sustentada, además, en un eventual triunfo de Joe Biden en las próximas elecciones estadounidenses, por lo tanto, en un vuelco radical de la situación internacional, lo que conseguiría la recuperación del capital financiero transnacional de mano de los globalistas. Ello permitiría a su eventual gobierno, volver a coincidir con un remozado modelo de desarrollo neoliberal que, en el caso chileno, reforzaría la inversión extranjera y consecuentemente significaría un mayor acceso al mercado mundial de capitales. En cuanto al diseño de la política internacional, no habría grandes complicaciones, ya que desde 1990 ha existido una continuidad en el alineamiento del Estado chileno con las políticas del capital financiero, no en vano, el FMI, acaba de entregar un fuerte préstamo de respaldo al gobierno chileno, indicativo de la confianza que tienen tales organismos, en que el modelo político y económico se mantendrá sin variaciones. En los análisis de la alianza DC-laguismo, no hay espacio para el pueblo que protagonizó la rebelión octubre-marzo, una de las razones radica en la imposibilidad de entender el fenómeno y la otra, es que simplemente no les interesa, ya que siempre han destacado por aglutinar grupos de elites reducidos, para una distribución ordenada de los frutos del poder. No perciben lo profundos cambios en la sociedad chilena, que no han sido revertidos por el coronavirus. Allí radica su principal debilidad.
Los partidos de la izquierda chilena olvidan que durante crisis tan profundas como la que vivimos, debe privilegiarse la elaboración de proyectos alternativos de sociedad.
Con el propósito de generar una operación mediática unitaria aprovechando la extensión de la epidemia y la presencia del hambre, un grupo de partidos políticos emitió una declaración denominada el Pliego Popular en el que exponen siete puntos reivindicativos mínimos: creación de un comité nacional de crisis, un ingreso de emergencia de 460 mil pesos mensuales por familia de 4 personas, línea de crédito estatal para la pymes, apoyo directo condicionado a las grandes empresas, protección de las mujeres y niños durante la epidemia, impulso a la economía solidaria y defensa del proceso constituyente. Una plataforma sumamente mínima que se contradice con el párrafo introductorio, en el que critica al gobierno porque está afrontando la crisis “en términos de ese modelo ya rechazado por la ciudadanía”. La lógica política mínima indica que si no hay salida en el marco del modelo, el que además ya no es aceptado por la población, la tarea principal es luchar para el reemplazo del modelo, elaborando una propuesta alternativa y sobre dicha base construir un programa mínimo. Pero, se supone que la voluntad de quienes firman no da para más.
El problema radica en la inexistencia de una oposición de izquierda que elabore un programa para el periodo de crisis y que se pronuncie por un modelo alternativo. Si asumimos que la crisis no se resuelve bajo el actual modelo, se acepta que es estructural, por lo que se debe actuar acorde con dicha aseveración, lo demás es correrse por la tangente.
