Nadie está respetando la institucionalidad emanada de la ilegítima Constitución de 1980

En la Semana Política del domingo, en El Mercurio se indica que “los ciudadanos se resisten a adaptar sus conductas a un cierto marco normativo cuando desde las instituciones se envían repetidas señales de disrupción”. Agrega que gana terreno en el espacio público la idea de que se pueden desconocer las restricciones de la Constitución y las leyes. Empero, no indica el porqué de la situación, ni asume que la abusiva aplicación de las leyes y la ilegitimidad de la carta magna, así como el retraso para eliminarla, hacen que la población ya no respete las instituciones. A ello se suma, el rechazo a las fuerzas armadas, carabineros y la PDI, por los atropellos a los derechos humanos y la represión en las recientes protestas, por lo que estos organismos no concitan el respeto mínimo para hacer cumplir preceptos restrictivos durante las cuarentenas. Las naciones que están controlando la epidemia son las que tienen extensas estructuras sociales movilizadas para atacar al virus, en acción complementaria con las autoridades estatales. Pero en Chile, la mayoría de la sociedad civil está en contra del modelo de desarrollo que propicia el duopolio que ha mantenido el poder del Estado. Por lo tanto, es difícil que haya disposición a obedecer, menos a cooperar. Igualmente, la poca seriedad del gobierno al minimizar la pandemia y acelerar la apertura económica, impuso un ambiente de liviandad y se sumó el individualismo exacerbado por los medios de comunicación, que imposibilita la acción colectiva, la que solo se desarrolla en sectores populares conscientes, los que se organizan para sobrevivir pero que no confían en el gobierno.