Rápidos y furiosos en el escenario político mexicano
Entre el 2009 y 2011, durante el gobierno de Barak Obama, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos introdujo ilegalmente a México una cantidad de 2.500 armas, entre pistolas, rifles, ametralladoras calibre 50 y misiles, para que fuesen entregadas al Cartel de Sinaloa. Teóricamente, se les había introducido un chip que permitiría rastrearlas y, así, poder conocer el paradero de los narcotraficantes. Paralelamente, el gobierno estadounidense capacitó a varios agentes de la Procuraduría General de la República mexicana en rastreo y reconocimiento de armamento. Sin embargo, nunca se pudo efectuar el seguimiento porque aparentemente los integrantes del cartel ubicaron el dispositivo, aunque otras versiones señalan que se les alertó de su existencia o que nunca hubo chips adosados en el armamento. Sin embargo, en diciembre de 2010 un agente fronterizo de Estados Unidos fue asesinado con uno de los rifles entregados, posteriormente, en febrero de 2011 un agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas de la Unión Americana también resultó muerto por armas del operativo. Así se destapó la maniobra, arrinconando al gobierno de Barak Obama, ya que se dio a conocer que, en la parte estadounidense, había sido el procurador de su gobierno, Eric Holder, quien planificó y ejecutó la entrega. Además, la entonces secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, reconoció que “se había cometido graves errores”.
En la parte mexicana, tanto el ex presidente Felipe Calderón como su entonces secretario su Seguridad Pública, Genaro García Luna, están involucrados en el caso. Este último está preso en Estados Unidos por sus conexiones con el Cartel de Sinaloa.
El ex presidente Barak Obama negó que su gobierno haya aprobado la operación, sin embargo, utilizó el privilegio que tenía para evitar la entrega de documentos claves a la investigación que efectuaba la Cámara de Representantes argumentando razones de seguridad nacional. Aunque, posteriormente, funcionarios de su gobierno señalaron que la operación no tuvo un control efectivo. Las repercusiones del caso seguirán los próximos día, ya que en Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, desean que Felipe Calderón sea extraditado al país, ya que no le perdonan que haya declarado su favoritismo por el 5G de Huawei.
