El levantamiento de la nación mapuche en la vanguardia de la lucha del movimiento popular
En medio de la pandemia y la militarización, la actividad en el Wallmapu se intensifica en medio de la incapacidad del Estado chileno para responder a la demanda histórica de una nación que aspira a la autodeterminación.
Los últimos meses han sido de calma en la lucha popular debido a las medidas de aislamiento y cuarentena que se han impuesto por el azote del coronavirus. Tal desmovilización se acrecienta ante la necesidad de la diaria sobrevivencia para una gran parte del pueblo, que falto de recursos, privilegia las actividades de gestión defensiva como son las numerosas ollas comunes que han proliferado en las grandes ciudades.
Sin embargo, en el territorio conocido como la Araucanía, en donde habita la mayoría de las comunidades mapuche del país, ha venido sucediendo variados hechos políticos que reflejan la gran actividad de resistencia a la situación en que viven.
Las más relevantes son las sucesivas acciones de propaganda armada desarrolladas principalmente en las zonas rurales y la extensa huelga de hambre en las cárceles de Angol y Temuco, por parte de comuneros detenidos por razones políticas, a pesar de que el Estado chileno no quiere asumir tal condición y señala que son presos por delitos terroristas.
La incapacidad de la elite nacional para encauzar una política que resuelva una situación sumamente compleja, a la que reduce calificándola como “conflicto mapuche”, ha alargado innecesariamente una confrontación política que, al contrario de los deseos de la clase gobernante, no terminará si no se reconoce a los mapuche como pueblo nación, reconociéndoles sus derechos, en especial, la recuperación de las tierras usurpadas, las que el Estado entregó a grandes latifundistas a los que hoy se suman las corporaciones madereras.
Las políticas de la Derecha como de la Concertación-Nueva Mayoría, ha sido de ignorar algo que no tiene discusión, los mapuche son un pueblo nación, no se reconocen chilenos. De allí que no puedan elaborar una política sólida y que lo reduzcan a un “conflicto”, entusiasmándose con una solución coercitiva que no puede tener base normativa alguna. La militarización es un peldaño más que el Estado escala desde comienzos de los años 1990, cuando grupos relevantes del pueblo originario, desecharon el carácter economicista de sus reivindicaciones, para enfilarlas a la lucha nacional. Algo que para algunos grupos neoliberales que han gobernado el país durante la fase posdictatorial, es una especie de sacrilegio, mientras que para otros, en especial los autodenominados de “centroizquierda”, es inentendible. Cuestión que se transforma en el principal escollo, ya que minimiza la capacidad de acción política por parte del Estado chileno, para erigirse como ente articulador de soluciones, sumado a un “ninguneo” racista imperante en la élite política chilena, que lo considera un problema menor que puede resolverse “manu militari”.
La situación en el Wallmapu confronta a dos naciones, pero la racista elite política que ha gobernado los últimos 30 años, se resiste a aceptar tal realidad y prefiere reducirla a un “conflicto” que puede resolver coactivamente
Las acciones de propaganda armada que han proliferado en las últimas semanas y que consisten, principalmente, en quemas de vehículos y acciones de sabotaje menor, se generan debido a que porcentajes importantes de la juventud mapuche no soporta la dilatación de la resolución a la gran crisis que se vive en la Araucanía. Porque, no es un conflicto acotado, es un grave problema estructural relacionado al diseño de la República que la clase dominante construyó después de la independencia del imperio español. Desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad, el Estado chileno profundizó el carácter colonial y las razones fueron esencialmente políticas pero, especialmente, económicas. El modelo de desarrollo capitalista se impuso en el Wallmapu arrasando con tradiciones ancestrales y, sobre todo, introdujo en la región a una generación de colonizadores que se apropió de las ricas tierras utilizando la fuerza del Estado y, a la vez, trasladó o atrajo mano de obra barata no mapuche y desarrolló una institucionalidad política, religiosas y cultural, ajena a la especificidad cultural local, trastocando el registro de habitantes a favor de la chilenización. Fenómeno reforzado por la migración indígena hacia las grandes ciudades, en especial Concepción y Santiago. Todo ello, en el marco de un aparato estatal coactivo que no trepidó en desarrollar un genocidio que pomposamente llamó “pacificación”, un tópico más impositivo ideológico de una cultura dominante ajena pero oficial. De manera increíble, los genocidas obtuvieron reconocimiento y con sus nombres y apellidos se han bautizado plazas, calles y ciudades y se erigen monumentos a sus supuestas hazañas.
Por ello, nadie debe sorprenderse de lo que está aconteciendo ni tampoco esperar que termine sin grandes transformaciones, las que, de retrasarse, solo agudizarán el conflicto, como lo hará la militarización, recurso miope del que han abusado los gobiernos neoliberales de las últimas décadas. Paradojalmente, el único argumento criterioso proviene de la nación mapuche.
