Liberar a los presos políticos una tarea de alta prioridad
La extensión de la prisión preventiva y las altas condenas impuestas a quienes fueron detenidos por participar en la protesta social, constituye una inaceptable arbitrariedad que debe terminar.
En Chile hay cientos de personas detenidas en prisión preventiva, en los hechos, cumpliendo una condena en medio del proceso. No son tratados como prisioneros políticos, a pesar de que todas las acusaciones están relacionadas de manera directa a las protestas realizadas desde octubre. Así, se aprovecha la desmovilización por la pandemia y se aplican altas sentencias, las que no se comparan con la gravedad de los hechos. A una persona acusada, se le está solicitando 20 años de cárcel por destruir una estación del metro en Santiago, lo que no resiste lógica alguna. Tendría que tener poderes como Superman, además los telenoticieros mostraban una multitud enfurecida que rompía todo, jamás a un “solitario terrorista”.
Muchos de los manifestantes fueron secuestrados por patotas armadas y sin identificación, cuando ya las protestas habían concluido y caminaban en dirección a sus hogares, lo que demuestra una absoluta impunidad para actuar. Igualmente, familiares denuncian que ciertas acusaciones son respaldadas con videos editados, en los que se aumentan las llamaradas para que parezcan un incendio de grandes proporciones. Además, al desconocer como presos políticos a los jóvenes, se les encarcela junto a reclusos comunes, permaneciendo hacinados, con falta de higiene en la pandemia y el evidente peligro que significa para su integridad. Gran responsabilidad en algunas aberraciones, recae en los parlamentarios que aprobaron la Ley Antisaqueos, que desde enero se transformó en un instrumento político para acallar la protesta social, muchos de estos congresales se blanquearon con el retiro del 10% de las AFPs. La norma, de rápida aplicación, es parte de una estrategia que busca separar a manifestantes buenos de “violentistas infiltrados”, vano intento por dividir la protesta.
La gran mayoría de las y los detenidos no milita en un partido político de oposición, por lo que estos se desligan de la problemática situación, si bien, hipócritamente, en sus discursos no dejan de referirse al “pueblo que lucha en las calles”.
Todo el país vio llegar a un sinnúmero de vehículos reforzados, de alto blindaje, destinados a Carabineros, mientras el hambre asola los barrios populares, además, en el Congreso se está discutiendo las reformas a una la ley que dotará de mayor poderío, recursos, tecnología y personal, a la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI. Ello indica que Piñera insiste en aplicar la represión frente a la protesta, por lo tanto, es factible esperar que los juicios irregulares y las detenciones injustas aumenten. El movimiento popular, al igual que las ollas comunes, debe rescatar la experiencia de lucha por los presos políticos durante la dictadura, precisamente, fueron las huelgas de hambre efectuadas por sus familiares exigiendo su aparición y libertad, las primeras manifestaciones efectuadas en aquel periodo. Sería impresentable el avance del proceso constituyente con compañeras y compañeros encarcelados, también constituiría un hecho lamentable que la alegría por el legítimo derecho a recibir el 10% de las AFP, sea un factor para olvidar a quienes están en las cárceles o procesados, ya que en total suman miles de personas, la mayoría de ellos jóvenes que están expuestos a pasar largos años privados de libertad por ejercer un derecho que la sociedad debe resguardar, pero que en el Chile neoliberal de los últimos 30 años, es catalogado como terrorismo. Aunque a los empresarios de Penta los sentenciaron a clases de ética.
