¿Es la Convención Constitucional una Asamblea Constituyente?

¿Es la Convención Constitucional una Asamblea Constituyente?
La primacía del poder constituido

Desde hace meses, se desarrolla una discusión al interior del movimiento popular buscando aclarar el carácter del proceso constituyente, así como el papel que cumplirá el futuro evento a efectuarse el 2021, en caso de que la opción Apruebo triunfe en el plebiscito que se efectuará el 25 de octubre.

No es menor la relevancia que adquiera la discusión, sobre todo si el contenido de fondo es el carácter de todo el proceso constituyente, ya que en definitiva lo central es establecer si este tendrá como eje central la soberanía popular. Es obvio, que el principal hito o punto de inflexión fue el 18 de octubre, ya que marca el inicio de un periodo nuevo, el que se caracteriza por la participación en el escenario político de actores sociales claramente rupturistas con el orden que prima en el país, lo que demuestra la incapacidad de la elite dominante para mantener su autoridad en el conjunto de la sociedad, quedando restringida al aparato estatal, el que a la vez es incompetente para entregar una respuesta cohesionadora, ya que el golpe fue de tal magnitud que solo se abocó a intentar maniobras defensivas y recurrir a la represión. Sin embargo, desde el mismo Estado surgió una transitoria salida buscando encarrilar la ruptura, la que tuvo capacidad suficiente para implantar un diseño que legitimará cualquier cambio, pero sólo si se encuadra en los marcos del establishment, vale decir, será un evento compuesto por representantes de los partidos políticos, con altos quórums para obligar a un consenso de las elites y, algo que muy pocos relevan, respetando acuerdos internacionales, vale decir, asegurando la inserción subordinada del país en la división internacional del trabajo. En tal sentido, fue un claro retroceso con relación a lo exigido por millones de personas: una ruptura con el modelo político-económico. Ya no se soportaba la desigualdad y el sentido común construido por los defensores del neoliberalismo, léasela Derecha, empresarios, la Concertación- Nueva Mayoría e importantes grupos medios, que concebía al mercado como instrumento de un intercambio justo, colapsó totalmente, en un proceso preanunciado desde que la gente decidió no ir a votar. Vale decir, la tesis surgida a partir de 1990, que indicaba la construcción gradual de un modelo equitativo y una democracia amplia, que concitó el interés mayoritario del país al comenzar la transición, se desplomó, ya que la permanencia del neoliberalismo solo representó el interés de una pequeña y corrupta elite político-empresarial. Nunca llegó el cambio anunciado, pero, además, se pretendió justificar que este se había producido, ya que el país había progresado y era más justo. Quienes disentían eran denigrados o cooptados, imponiéndose un nuevo orden denominado “consenso”, el que sostuvo el modelo y a la casta que se beneficiaba. Todo aquello colapsó el 18 de octubre y hoy está en discusión la ruptura o la restauración.

La Convención Constitucional no será un acto de soberanía popular. Es una fase del proceso constituyente desde el poder constituido, pero la correlación de fuerzas no permite, por ahora, el ejercicio pleno del poder constituyente, aunque se debe avanzar hacia su plena instauración.

La disyuntiva que hoy surge radica en la dimensión que deberá adquirir la ruptura, ya que si bien existe una opinión restauradora, la gran mayoría está por los cambios, cuestión que comienza a imponerse como el nuevo sentido común, pero, el problema radica en que el Estado va a contramano, ya que con poco espacio de maniobra, sus componentes están entrampados en conducir los cambios, pero, a la vez, deben mantener el viejo orden porque el nuevo se demora en aparecer. En tal contexto, la Convención Constitucional es un intento de monopolizar desde el aparato estatal el proceso constituyente, claramente no es una expresión de soberanía popular, o a lo menos, es limitada. Sin embargo, es la más fiel representación de la correlación de fuerzas entre actores sociales que buscan cambios que generen un nuevo orden y los empresarios y multinacionales que desean que el eventual nuevo orden no debilite su dominación y que obviamente, ven en el Estado su principal defensa.

En tal sentido, la expresión política estatal es la principal ventaja del empresariado, al mismo tiempo es el déficit más relevante de los actores sociales. Mientras no cambie tal situación de fuerzas, el ejercicio de la soberanía popular, del cual la asamblea constituyente es su única expresión, está en ciernes. Se debe aceptar con un mínimo de realismo que el proceso constituyente, por ahora, está siendo conducido desde el poder constituido. Como también ser veraz y no caer en artificios pueriles y aceptar que la convención constitucional no es el poder constituyente, solo es una intermediación en un espacio restringido, pero sobre el cual se debe funcionar, de lo contrario se abandona sin excusas la lucha por los cambios esperando un escenario ideal. Pero jamás se debe renunciar a que en Chile se ejerza la soberanía popular y, para ello, el conjunto del movimiento social, debe pasar a escalas superiores, transitando a la elaboración de un proyecto político alternativo y a la constitución de fuerza política territorial. No se puede ejercer soberanía popular sin construir alternativa o solo será un ejercicio banal.