Escaños reservados ¿un derecho o un artificio?

La participación de los pueblos indígenas en la eventual Convención que surtirá del plebiscito de octubre, está motivando una gran polémica, debido a las distintas concepciones que se tiene de las naciones originarias.

Es evidente que la voluntad favorable a la participación de los pueblos originarios en el proceso constituyente arranca de una opinión generalizada de amplios sectores de chilenos, los que manifiestan un rechazo a la forma en que fueron tratados durante los periodos de la colonización y la república. Es una posición que ha ido creciendo y que se muestra de manera solidaria, al considerar a los indígenas como integrantes del conjunto de sujetos dominados por la clase social hegemónica al interior de la sociedad chilena. Sin embargo, inconscientemente, se les confiere como integrantes de una misma nación, por lo tanto, el problema se reduce a la inexistencia de sus derechos en el marco de los chilenos en general. En tal caso, cuando se cuestionó el acuerdo de noviembre pasado porque no aseguraba escaños paritarios para mujeres y reservados para pueblos indígenas, se estaba pensando en que eran una minoría que formaba parte del Estado chileno y como tal, tenía “derecho” a estar representada en el proceso que elaborará la nueva constitución que regirá a todos quienes estén bajo la jurisdicción del Estado nacional chileno. Sobre la base de tal óptica, la Comisión Constitucional del Senado aprobó una propuesta de escaños reservados, la que debería discutirse en sala. No obstante, hay distintas visiones y poca claridad para entenderlas, pero la que se impone es aquella que señala la existencia de una sola nación chilena, cuyos integrantes tienen distintos orígenes, a los que debe respetársele su especificidad étnica y cultural. Es un tema complejo, que nunca ha estado en la discusión pública, porque ideológicamente se ha impuso el concepto de que todos somos chilenos y chilenas. El gran cambio radica en que hoy se acepta la existencia de la diversidad en los connacionales, de los cuales muchos y muchas sufren fuerte discriminación que debe repararse. Tal opinión es bien intencionada, pero en el caso indígena es una simpleza si se evade discutir su derecho a la autodeterminación. Tema que no solo adquiere una dimensión nacional sino también clasista, ya que no es casualidad que sean las forestales, los agroindustriales, mineras, eléctricas, salmoneras o el extractivismo inmobiliario y turístico, o sea, grupos económicos chilenos y extranjeros, los que se oponen a la autonomía de las naciones originarias.

Vale decir, lo indígena está íntimamente ligado al proceso de acumulación capitalista desarrollado los últimos siglos, cuestión que no puede obviarse, de lo contrario, el nacionalismo deriva a proyectos que terminan en holocaustos. Una arista decisiva de la disputa está en la propiedad del suelo y recursos como el agua, el cobre, el litio, el mar, los ríos y otros. Por eso, quien es más solidario con la causa indígena es el movimiento popular chileno, dominado por la misma clase social local y transnacional que rechaza la autodeterminación y hará lo imposible para evitarla.

El Consejo de Toda las Tierras, a través de su vocero, Aucan Huilcaman, rechaza la participación con escaños reservados en la eventual Convención que sería realizada desde el Estado chileno y señala que la nación mapuche debe tener su propia asamblea constituyente, proceso que comenzó en el Cerro Ñielol antes que se produjera el estallido social. Así, indica que el proyecto de reforma constitucional sobre escaños reservados adolece de vicios e ilegalidades. En primer lugar, no se consultó libre e informadamente a los pueblos indígenas, vulnerando el Convenio 169 de la OIT. En segundo lugar, las indicaciones introducidas al proyecto el 13 de agosto, fueron elaboradas por senadores y alcaldes de origen mapuche pero excluyendo al movimiento que está luchando. Serían medidas de parche, diluidas y temporales que quieren incorporar a los mapuche a un proceso incierto, aunque Huilcaman apoya que el pueblo chileno tenga una nueva constitución, pero no quiere que se discuta sobre los derechos que les asiste como pueblo indígena.

Agrega que la experiencia histórica reciente en Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia, indica que los escaños reservados no han dado resultado eficaz, ya que los indígenas no tienen posibilidad de incidir, transformándose en un formal y simbólico reconocimiento constitucional, cuestión que ha sido impulsada desde hace 50 años, pero las dificultades y controversias todavía siguen vigentes. En este sentido, no pueden participar en un proceso que dejará incierto el derecho a la autodeterminación. Además, se persiste en elementos de tipo neocolonial, como es el caso de que la calidad de un mapuche será determinada por la Conadi, un organismo chileno, externo a las comunidades indígenas. El Consejo de Todas las Tierras envió una carta a Piñera solicitando que vete la ley de reforma constitucional sobre escaños reservados, porque no solucionará las controversias entre el pueblo mapuche y el Estado chileno. Además, señaló que recurrirá al Tribunal Constitucional debido a las ilegalidades fragrantes del proyecto, así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para cautelar sus derechos colectivos actuales como los del futuro.