Piden que Intendencia de Antofagasta sea declarada monumento histórico

Piden que Intendencia de Antofagasta sea declarada monumento histórico
Intendencia de Antofagasta en 1973

El inmueble fue un lugar de detención y tortura y en su interior fue asesinado Joaquín Espinoza Ojeda, un trabajador sin militancia cuyo vehículo, en pana en una calle, no pudo ser esquivado por una patrulla que volcó debido a la excesiva velocidad con que transitaba.

En la región de Antofagasta solo dos lugares de detención y tortura han sido declarados Monumentos Nacionales en categoría Memoria Histórica, la ex oficina salitrera Chacabuco y el templo de la Providencia, pero son numerosos los lugares que en toda la ex provincia, fueron recintos de tortura, muerte y desaparición. Por ello, la Agrupación por la Memoria Histórica Providencia de Antofagasta, ingresó el año pasado, a la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales, una solicitud en la que pide declarar la Intendencia en tal condición, para que se reconozca como un lugar destacado en la represión efectuada en los meses inmediatamente posteriores al golpe de Estado de 1973.

El mayor Ferrer, con bastón, en la reconstitución del crimen.
El mayor Ferrer, con bastón, en la reconstitución del crimen.

La agrupación indica que los antecedentes son suficientes, en especial el Informe de la Comisión Sobre Prisión Política y Tortura del 2004, en el que se establece que la intendencia antofagastina, fue el lugar en el que se concentró gran cantidad de detenciones, ya que las personas eran citadas a presentarse en dicho lugar en donde eran interrogadas y torturadas, para luego trasladarlas a otro lugar. El subterráneo del edificio fue el sitio en que se “ablandaba” a los detenidos, para luego ser llevados a sesiones de interrogación que estaban a cargo del jefe del Servicio de Inteligencia Militar de la Primera División de Ejército, mayor Patricio Ferrer Ducaud y del coronel Adrián Ortiz Gutmann. Testimonios de diversos detenidos, así como algunos procesos judiciales, revelan el gran número de hombres y mujeres que pasaron por el recinto, ya que los bandos con las listas de los partidarios del gobierno de Salvador Allende y otros partidos de izquierda, los urgían a presentarse a las autoridades, siendo la Intendencia el único lugar reconocido en la ciudad representativo de los distintos gobiernos. Así, la agrupación Providencia estima que su solicitud de distinción como comprobado centro represivo de la dictadura pinochetista, está más que justificada.

Activista muerto en la Intendencia

El 14 de septiembre de 1973, Joaquín Espinoza Ojeda, de 36 años, salió en su vehículo para hacer un favor a una amiga de su familia. Ambos se trasladaron en el auto hacia la casa de la señora y al llegar a la intersección de las calles Pedro Aguirre Cerda con Nicolás Tirado, el auto quedó en pana en medio de la primera, entonces la principal avenida que conectaba el centro de la ciudad con la salida norte. Un jeep que integraba una patrulla militar y que se desplazaba a alta velocidad, algo muy común en aquellos días, no pudo esquivar el vehículo y volcó aparatosamente, provocando la ira de los militares quienes redujeron a golpes a Espinoza deteniéndolo y trasladándolo a la Intendencia. Al arribar al edificio, el desafortunado trabajador pidió una explicación lo que molestó a sus captores, quienes le adjudicaron intenciones políticas al fortuito accidente. En la discusión, el ex mayor Patricio Ferrer, sacó su arma de servicio poniéndosela cercana a la boca, en un acto de prepotencia innecesario frente a un civil desarmado y reducido. Ante la insistencia de su inocencia a viva voz, por parte de Espinoza, Ferrer descerrajó tres disparos sobre el cuerpo del malogrado ciudadano, quien falleció instantáneamente. Para ocultar el hecho, el general Joaquín Lagos autorizó una declaración que le atribuyó causa política al asesinato, señalando que Joaquín Espinoza era un activista extremista. Ferrer fue acusado por homicidio calificado recién en el 2017, además está recluido en Punta Peuco, también por homicidio calificado, en el caso Caravana de la Muerte.

La esposa de Joaquín, Rosaura Barraza debió hacerse cargo de sus tres hijos y de su suegra ya que muy luego murió su suegro, paradojalmente, un simpatizante alessandrista.